El enviado especial de Naciones Unidas para Colombia, Carlos Ruiz Massieu, reconoce que este país tiene todavía muchos retos en cuanto a seguridad y pide que el Gobierno implemente de manera más rápida la protección individual de los exguerrilleros y el sistema de alertas tempranas para evitar sus asesinatos.
“Sigue habiendo demasiadas amenazas, demasiadas muertes”, afirmó este martes Ruiz Massieu en una Tribuna Efe-Casa de América celebrada en Madrid, e insistió en que “si uno no puede proteger la seguridad de los excombatientes, los procesos que siguen pues ya no son tan relevantes”.
Ruiz Massieu, que es jefe de la Misión de Verificación de los Acuerdos de Paz de Colombia, denunció que desde su firma en 2016 casi 280 excombatientes han sido asesinados, así como líderes sociales y comunitarios en los departamentos afectados por el conflicto, y el 60-70 % de los casos se concentran en 25 municipios de dichos territorios. “Esos números tienen que cambiar”, concluyó.
Por eso, para Naciones Unidas la seguridad es la “principal prioridad” y, en este sentido, aunque reconoce el esfuerzo del Gobierno del presidente Iván Duque, le pide “medidas más efectivas”, “avanzar más rápidamente” en la protección individual de los amenazados y que funcione de manera más sólida” el sistema de alertas tempranas.
Como puntos positivos, señaló el reconocimiento cada vez mayor de las víctimas y la aplicación de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y como ejemplo, citó la respuesta de la excomandancia de ese grupo guerrillero sobre el auto de la JEP acerca de la toma de rehenes, que calificó como “histórica”.
“Que una exguerrilla acepte y reconozca haber cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, es algo prácticamente inédito en un proceso de paz”, afirmó durante su intervención en la Tribuna, y lo consideró “un paso fundamental para empezar a cerrar heridas”.
Como asuntos pendientes, el enviado especial del secretario general de la ONU citó la escasa presencia del Estado en las zonas donde tenían incidencia las FARC, y que los grupos armados y delincuenciales han aprovechado para tomar el control.
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“Ese es uno de los mayores retos y donde esperamos mayores esfuerzos”, afirmó este diplomático mexicano, que desde 2018 desarrolla su tarea en Colombia.
Como conocedor del país, fue llamado, junto con la Iglesia, para facilitar el diálogo entre el Gobierno y el Comité Nacional de Paro (principal convocante de las manifestaciones), tras las protestas sociales de los pasados meses, que en ocasiones desembocaron en violencia. Efe
