La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó hoy a 2 coroneles y 13 militares más por 127 asesinatos y 120 desapariciones forzadas en la región del Caribe, en el segundo auto del caso de ejecuciones de civiles conocidas como “falsos positivos”, por el que la semana pasada ya acusó a 10 miembros del Ejército y a un civil.
El magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, señaló que “a través de este nuevo auto, ratifica que ese patrón de criminalidad también se ha dado en la región Caribe”.
Por tanto, “la JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a otros 15 miembros del Ejército por falsos positivos en la costa caribe, dos coroneles, seis oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados del batallón La Popa (que tiene sede en Valledupar, en el noreste)”, dijo el magistrado Óscar Parra.
Asimismo, la JEP afirma que estos hechos no hubieran ocurrido “sin alianzas con los paramilitares”, además de los incentivos, amenazas y presiones que ejercieron los comandantes sobre los subordinados para obtener muertos ‘en combate'”, así lo dejó claro el magistrado Óscar Parra.
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Pues todo esta situación se dio con el fin de atraer a jóvenes inocentes y asesinarlos para presentarlos como guerrilleros y así inflar las cifras de “muertes en combate” y obtener recompensas e incentivos de sus superiores.
Así bien, los 15 miembros del Ejército fueron declarados máximos responsables por su participación determinante en el asesinato de 127 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira.
A su vez, Parra afirmó que la Sala pudo determinar que estos resultados operacionales ilegítimos, asociados a esta estructura militar, se inscriben en dos patrones macrocriminales:
- El primer patrón indica que asesinaron a personas señaladas de pertenecer a grupos armados ilegales o de delincuencia común sin contar con información que verificara dichos señalamientos y sin que se hubiera presentado combate alguno.
- En el segundo, se seleccionaron víctimas en condición de vulnerabilidad, incluyendo personas sin redes de apoyo o familiares que no los intentaran buscar al ocurrir su desaparición y a quienes engañaron con promesas de trabajos, para captarlas y asesinarlas.
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Además, las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por algunos integrantes del Batallón La Popa, entre 2002 y 2005, corresponden a delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada contemplados en el Código Penal Colombiano. Eñ magistrado Parra explico que este afirmación se debe a que explicó “en su mayoría las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades”, señaló.
Por último, señalaron que los imputados ahora tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o rechazarlos. También pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional.
