La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ubicó al país como el segundo del mundo con la mayor tasa de muertes violentas por día de protesta, con 1 fallecimiento cada 36 horas, y superado únicamente por Myanmar.
Así lo indicó la UIA en un reporte divulgado, en el que también señaló que el paro nacional de 2021, que inició el 28 de abril pasado, “tiene las cifras más altas de muertes violentas de personas que han participado en escenarios de protesta social en los últimos 44 años”.
En dicho informe, titulado ‘Gravedad de la situación de derechos humanos en Colombia’, el órgano de la JEP citó datos del instituto Carnegie Endowment for International Peace, que ha registrado la ocurrencia de 26 protestas alrededor del mundo desde el inicio de la pandemia por COVID-19, en marzo de 2020, hasta mayo de este año.
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La información analizó 26 días de protesta en Colombia y los comparó en una matriz con movilizaciones a gran escala países como Estados Unidos (60 días), Perú (21 y 9 días), Bielorrusia (381 días) o Birmania (109 días).
El reporte manejó un “umbral máximo” y un “umbral mínimo”, así como la frecuencia temporal de muertos en las movilizaciones, “para establecer de forma comparada cuál ha sido el promedio y variabilidad de registros de casos en estos países (…) y evitar el sesgo de selección al publicitar en este informe diferentes tipos de cifras”.
“Si se analiza la frecuencia temporal de muertos se puede concluir que en Birmania se presentaron 7 muertos al día; en Colombia se registró oficialmente 1 muerto cada 36 horas; en Nigeria se reportó 1 muerto cada día y medio; y en Estados Unidos se informó de 1 muerto cada 6 días. Eso quiere decir, que en Colombia se presentó la segunda mayor frecuencia de muertos en el marco de las protestas sociales desde marzo de 2020 hasta mayo de 2021”, dice el documento.
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En su informe de Monitoreo de Riesgos y Prevención de Afectaciones a los derechos humanos en Colombia, la UIA también indicó que el paro nacional y el tratamiento dado a la protesta social por parte del Gobierno de Iván Duque “ha generado riesgos que afectan el cumplimiento del mandato constitucional y legal de la JEP y de los demás componentes del Sistema Integral para la Paz”.
De acuerdo con el reporte, la situación es “preocupante, ya que entre el 28 de abril y el 30 de mayo de 2021 aumentaron los eventos del conflicto armado y las afectaciones de civiles en 111 municipios de interés para el Sistema Integral para la Paz, si se comparan las cifras con el mismo periodo de los años 2017, 2018, 2019 y 2020”.
“En 2021 se tiene en total un registro de 13 eventos del conflicto y 89 afectaciones de civiles, de este último se tiene un aumento mayor al 400% pues en promedio se presentaron 18 afectaciones de civiles en años anteriores. Esto se evidencia en el incremento de las amenazas de muerte, homicidios a excombatientes de las FARC-EP y eventos masivos de desplazamiento forzado”, destacó el documento.
Igualmente, la UIA advierte el origen de prácticas de “autodefensa y paramilitarismo para atemorizar” a los manifestantes y que “con ocasión del paro, hay evidencias en por lo menos 27 ciudades, sobre el surgimiento de ‘grupos de civiles armados’ que reivindican estas prácticas”.
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El Sistema de Monitoreo de Riesgos de la UIA identificó igualmente 12 casos de violencia sexual que afectan a manifestantes y uno que afectó a una mujer Policía en el transcurso del paro nacional.
Para la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP esta situación es “alarmante, ya que, con ocasión a su participación en el paro nacional, es probable que varias organizaciones intervinientes ante el Sistema Integral para la Paz incrementen su situación de riesgo de seguridad, por lo que se estarían presentando amenazas que tienen el potencial de obstruir su participación efectiva en los procesos que desarrollen las entidades del Sistema en el futuro”.
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos señala que del 28 de abril al 16 de junio registró denuncias de 56 muertes (incluidos 54 civiles y 2 policías) en el contexto de la protesta, ocurridas principalmente en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, así como 49 presuntas víctimas de violencia sexual.
