La Corte Suprema de Justicia condenó este viernes a cuatro años y diez meses de prisión al exsenador Eduardo Pulgar Daza, investigado por el supuesto intento de soborno a un juez a quien le ofreció dinero para favorecer a aliados políticos suyos.
Pulgar Daza, detenido desde diciembre de 2020 en la cárcel La Picota de Bogotá, fue vinculado a una investigación por “tráfico de influencias de servidor público”, en un caso en el que también están relacionados “delitos de cohecho”, según la Corte.
“La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condena al exsenador Eduardo Pulgar Daza a 58 meses y 25 días de prisión, por cohecho y tráfico de influencias en conducta ante pleito por control de Universidad Metropolitana de Barranquilla”,
Informó hoy el tribunal.
El nombre del senador Pulgar Daza alcanzó notoriedad el año pasado en Colombia luego de que el periodista Daniel Coronell publicara una columna en la que denunciaba los supuestos delitos en los que habría participado el congresista en 2017, antes de ser reelegido en las elecciones legislativas de 2018.
Según una investigación publicada por Coronell en julio pasado, Pulgar se reunió en 2017 con Andrés Rodríguez Cáez, entonces juez municipal de Usiacurí, en el departamento de Atlántico, a quien le habría ofrecido hasta 200 millones de pesos si favorecía en sus decisiones a unos aliados suyos que habían patrocinado sus campañas electorales.
La conversación en la que presuntamente el senador intenta sobornar al juez fue grabada por el propio Rodríguez quien se negó a aceptar el ofrecimiento y tuvo que salir del país.
Según la justicia, Pulgar Daza esperaba que el juez Rodríguez recibiera el dinero a cambio de favorecer en un caso que llevaba su despacho a Luis Fernando Acosta Osío, miembro del Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, capital del Atlántico.
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La Corte concluyó que Pulgar “en su condición de senador para la época de los hechos, utilizó indebidamente en provecho de la familia Acosta influencias ante el Ministerio de Educación para beneficiarla en el trámite de la ratificación de la reforma de los estatutos de la Universidad Metropolitana”, lo que “le permitió finalmente a ese grupo familiar tener el control y manejo de la entidad”.
La condena también incluye la inhabilidad “para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 63 meses y 19 días”, y por tratarse de una decisión en primera instancia el fallo podrá ser apelado. Efe
