España abre la puerta desde este viernes a la posibilidad de que los enfermos sin curación o con enfermedades crónicas incapacitantes puedan decidir entre llegar al final de su vida, apoyados por cuidados paliativos, o poner fin a ella, gracias a la entrada en vigor de la Ley de Eutanasia, aprobada por el Parlamento español en marzo, con la que el país se convierte en el séptimo en el mundo en reconocer este derecho.
La entrada en vigor de la Ley abre nuevos espacios para los partidarios de una muerte digna, pero el enfrentamiento entre partidarios y detractores se mantiene en España con el debate sobre si la falta de inversión en los cuidados paliativos a enfermos terminales ha derivado en una norma que permite el derecho a elegir libremente.
“Me parece un paso atrás en la sociedad y un paso atrás en la inversión de algo que a mí me parece primordial como son los cuidados paliativos”, dijo a Efe Águeda Rey Tobalín, enferma de ELA de 53 años que mantiene que la muerte es parte de la vida y no se puede negar.
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Según un sondeo realizado en 2019 por la encuestadora Metroscopia, el 87% de los españoles apoyaban la despenalización de la muerte asistida.
“El derecho a morir dignamente y el derecho a vivir dignamente son compatibles, es más, son complementarios. Si se hiciera bien, sería tener cubierto todo el abanico de opciones que debería tener cualquier ser humano con relación a su propia vida”, argumenta a Efe Jorge Murillo, enfermo de Esclerosis lateral amiotrófica.
Los cuidados paliativos en España están lejos de tener la misma disponibilidad por paciente que el resto de países europeos donde también existe la eutanasia regulada.
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“Nos consta que hay cerca de 75.000 enfermos españoles que se mueren cada año sin tener acceso a un servicio de cuidados paliativo”, afirma a Efe el médico especialista en esta área, Marcos Gómez Santos.
Pese a la demanda social que ha llevado a España a la aprobación de esta ley, asociaciones provida como HazteOir.org y Derecho a Vivir se declaran en contra.
La ley deberá hacer frente también a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el conservador Partido Popular (PP) y la formación de ultraderecha Vox, que votaron en contra de la norma, y que consideran que atenta contra un derecho fundamental como es el derecho a la vida. EFE
