A través de las redes sociales, el periodista Gonzalo Guillen aseguró que la camioneta carro bomba que estalló en la Brigada 30 del Ejército en la ciudad de Cúcuta el pasado 15 de junio, fue comprada pocos días antes del atentado en un concesionario Toyota que es propiedad de Juan Carlos García Herreros, excandidato a la gobernación de Norte de Santander por el Centro Democrático.
Ante esta información que empezó a circular por las redes sociales y por la cual ha recibido fuertes señalamientos, por medio de su cuenta de Twitter el diputado Herreros decidió aclarar la situación y negó cualquier relación directa con la camioneta que estalló en la base militar.
Recomendamos leer: Incautan más de dos toneladas de cocaína en depósito de mercancías en Cartagena
El vehículo involucrado fue identificado con las placas JGX 180 y, según explicó el excandidato, este se encontraba totalmente nuevo y fue vendido en su concesionario, pero esto ocurrió en el año 2017, por lo que desde ese momento la camioneta no tiene ninguna relación con su empresa.
“Frente a las recientes especulaciones realizadas hoy en una red social, me permito informar que no tengo ni he tenido ningún tipo de vínculo con el vehículo involucrado en los recientes hechos de violencia (…) Dicho vehículo en estado nuevo fue vendido por la Concesionaria Toyota en el año 2017 y desde dicha fecha la empresa no tiene relación con el mismo”, dice el comunicado.
Recomendamos leer: Duque confirmó captura de alias ‘Macho’, máximo cabecilla de ‘Los Pelusos’
Por estas acusaciones, Herreros anunció que tomará “las acciones jurídicas pertinentes” contra quienes hayan difundido esta información.
Hasta el momento no se ha podido establecer los responsables de este hecho terrorista, las autoridades manejan dos hipótesis; la primera, que la explosión sería autoría de las disidencias de las Farc. La segunda, que el responsable sería el ELN. Sin embargo, este último dio a conocer un video en el que aseguran que no están relacionados con el atentado, por el que el presidente Duque anunció una recompensa de 500 millones de pesos a cambio de información que permita la captura de los autores del crimen.
