La Fiscalía de Panamá dijo este lunes que tiene certeza de la realización de al menos 2 vacunaciones clandestinas contra la covid-19 en la capital, y que ha pedido a Pfizer información sobre los lotes enviados al país para corroborar la procedencia de los utilizados en estos eventos ilegales.
En estas dos sesiones clandestinas fueron supuestamente inoculadas contra la covid-19 más de 30 personas, de las cuales una decena ha declarado ante el Ministerio Público (MP, Fiscalía), dijo el fiscal general encargado, Javier Caraballo, en una conferencia de prensa.
Las vacunas anticovid han sido aprobadas en todo el mundo únicamente para “uso de emergencia”, por lo que su comercialización no está permitido y solo los Estados pueden adquirirlas y distribuirlas, han dicho las autoridades de Panamá, donde la vacunación contra el coronavirus es pública y gratuita y de momento se realiza solo con los preparados de Pfizer y AstraZeneca.
Por este nuevo escándalo en torno a la vacunación anticovid fue imputado el domingo Matías Pérez Escudero, por la posible comisión de los delitos de estafa, falsedad ideológica y ejercicio ilegal de la profesión médica.
Caraballo dijo este martes que no se descarta acusar a otros implicados, entre los que están dos mujeres que prestaron sus propiedades para vacunar de forma ilegal a familiares y empleados suyos y cuyas declaraciones a la Fiscalía han ayudado al avance de las investigaciones, según dijo el fiscal general.
“Conforme se fueran adelantando o esclareciendo los hechos se podrían estar haciendo otras imputaciones. Hasta este momento (…) hemos podido establecer que se han dado dos vacunaciones clandestinas”, dijo Caraballo.
La primera de esas vacunaciones se dio el día 1 de junio en “la casa de Celine de Esses (…) y donde se vacunan un promedio de 15 personas, entre esos su hijo, empleados y amigos de ella”, explicó el fiscal general.
La segunda de estas inmunizaciones, tildadas por el propio fiscal como un acto “ilegal, clandestino e irresponsable”, sucedió el 7 de junio en un local de “la señora Denisse Vega”, quien contactó a de Esses para enterarse de la vacunación y finalmente involucrarse.
Ambas mujeres han declarado ante la Fiscalía, dijo Caraballo, que precisó que Vega entregó pruebas sobre la vacunación y su propio teléfono móvil para extraer todas las comunicaciones con el supuesto grupo proveedor de las presuntas, que se comunicada por un chat.
CONTACTOS CON PFIZER
Caraballo dijo que “los números del lote de la supuesta vacuna escritos” en las tarjetas de vacunación entregadas durante las operaciones ilegales “no se corresponden con los lotes de vacunas que fueron introducidos al país por parte de la empresa Pfizer”, de acuerdo con lo declarado ante la Fiscalía por la coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) , Itzel de Hewitt.
Pero el Ministerio Público no descarta ninguna hipótesis y ha pedido formalmente a la empresa Pfizer información exacta sobre “los lotes que vendieron a Panamá, para ver si encontramos coincidencia”, agregó Caraballo.
Si se llegara a comprobar que se trata de vacunas originales y procedentes de las adquiridas por el Estado se estaría ante un delito de peculado, dijo el fiscal general.
La Fiscalía pidió a los vacunados prestarse a ser examinados para determinar si el líquido aplicado es realmente una vacuna e indagar si se ha cometido un delito contra la salud pública, si se comprueba que son vacunas falsas. EFE
