La Defensoría del Pueblo exhortó al Gobierno a “manifestar públicamente su rechazo” a los “actos atentantorios de los derechos humanos” cometidos por agentes de la fuerza pública o servidores públicos en el marco de las protestas.
Así lo recoge una resolución publicada este viernes donde la Defensoría exhorta de igual forma a los representantes o líderes de territorios y autoridades locales a rechazar estos actos y los cometidos por “particulares que han afectado a los derechos humanos, en el contexto del paro nacional (…) desde el pasado 28 de abril”, y abstenerse a instigar que se cometan.
Del mismo modo, insta a las autoridades a que se inicien y aceleren las investigaciones “adecuadas y eficaces” por parte de la justicia ordinaria para evitar la impunidad, dado que la mayoría de crímenes cometidos supuestamente por agentes de la Policía contra civiles son juzgados por la Justicia Militar y las víctimas se quejan de que quedan impunes.
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En este documento, la Defensoría recuerda que hasta el 3 de junio ha recibido reportes de 58 muertes que habrían ocurrido durante las protestas, de las cuales la Fiscalía considera que en 20 hay pruebas suficientes de que “estos presuntos homicidios se dieron en el marco de las manifestaciones públicas”.
Esta institución estatal también ha recibido en ese mismo periodo 417 quejas relacionadas con 584 presuntos actos de violación de derechos humanos, y de ellas, el 73 % señala a la fuerza pública como supuesta responsable. Por otro lado tiene indicios de 106 presuntos hechos de violencia de género, 27 de ellos por violencia sexual.
Además recibió 783 denuncias de personas “sin ubicar”, aunque hasta la fecha permanecen activos los Mecanismos de Búsqueda Urgente para 84 personas, según los datos facilitados este jueves por la Fiscalía.
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“La Defensoría del Pueblo rechaza de forma categórica y contundente el abuso y el exceso de la fuerza por parte de agentes de la fuerza pública en el marco de los legítimos espacios de protesta y manifestación social”, destaca el documento firmado por el defensor, Carlos Camargo.
La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, en una declaración tras la reunión de este jueves con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que acabó ayer su visita de trabajo a Colombia, volvió a reiterar el compromiso del Gobierno con los derechos humanos, pero eludió condenar los abusos.
En cambio, sí alegó que los miembros del Gobierno están “tremendamente adoloridos por las vidas que se han perdido en nuestro país“, y aseguró que se están “haciendo todas las investigaciones necesarias que nos den certeza sobre cuáles han sido realmente las causas de la muerte de esas 21 personas que tristemente ya se ha comprobado que fallecieron como consecuencia de estas protestas”.
