Eisenhoard Dejanon Zapata, miembro de la Mesa Nacional de Víctimas, dijo que hay un testigo clave que está pidiendo asilo político para él y su familia para revelar los nombres de quienes habrían participado en el atentado que ocurrió el pasado miércoles 5 de mayo en el Viaducto César Gaviria Trujillo de Pereira.
Al parecer, según la información, Lucas Villa habría sido asesinado luego de una operación ilegal conjunta entre el grupo delincuencial Cordillera, el cual tiene injerencia en el Eje Cafetero, y algunos agentes de la Policía Nacional. Aún no se conocen más detalles.
“Se empieza a sospechar que sí puede haber sido un crimen de Estado, en el sentido en que habrían sido las mismas fuerzas públicas las que se habrían aliado con otros, para darles un mensaje a los manifestantes y fue a través del caso de Lucas Villa, sin embargo, esto no se ha podido establecer con seguridad, pero se está trabajando en ello”, indicó Dejanon Zapata a RCN Radio.
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De igual forma, el vocero del Movimiento Nacional de Víctimas en Risaralda, manifestó que “habría alguien de la misma fuerza pública que sabe cómo fueron los hechos, quien está pidiendo asilo en otro país y que le paguen la recompensa, a cambio de brindar toda la información que tiene y que ayudaría al esclarecimiento de este homicidio”.
Sin embargo, “esto no se ha podido establecer con seguridad, pero se está trabajando en ello“, añadió Dejanon.
El miembro de la Mesa de Víctimas dio un detalle que revelaría la existencia de más involucrados en los hechos: “En el escenario había una moto con dos sicarios, pero también había otra camioneta, no la Duster que aparece entregándole algunos alimentos a los manifestantes de la primera línea. Hay una camioneta anexa de placas ZRK453″.
“A eso agréguele que las cámaras de esa zona que tienen en Dosquebradas son cámaras que dependen de la misma fuente de la Policía Nacional y no estaban funcionando, las luces estaban apagadas y es una situación bastante sospechosa”, concluyó.
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Por su parte, la hermana de Lucas, Sidssy Vázquez, a un mes del atentado, denunció que su familia ha recibido varias amenazas, además de asegurar irregularidades en la investigación del caso.
Según Sidssy, unos días después de la muerte de su hermano, “una persona llegó al lugar donde estábamos y nos dijo que si no parábamos nos paraban y después de eso todos hemos tenido seguimientos”.
Además contó sobre la presencia de unas personas en una motocicleta a las afueras de la casa de su hermana, donde “tomaron fotografías a la 1 de la mañana. Su pareja también ha sido seguida por motociclistas, a mi hermano también le advirtieron, y yo ya he identificado 4 seguimientos hacia mí y me ha tocado esconderme. Cerca de mi casa he visto policía de civil”, relató la joven.
Debido a estos hechos y seguimientos, la hermana de Lucas aseguró que interpusieron la respectiva denuncia ante la Fiscalía y en organizaciones de derechos humanos.
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Asimismo, afirmó que no tienen información sobre avances en la investigación: “Nos reunimos con la Fiscalía y nos mostraron parte del equipo, funcionarios de Bogotá que están investigando el caso de mi hermano, pero hasta ahora no ha pasado nada. No nos han llamado ni nos ha pedido que oficialicemos la denuncia del asesinato ni nada. Desconozco si este es el tiempo prudente para una investigación que supuestamente es prioridad nacional”, relató.
Otro hecho la familia resalta, es que el CTI no llegó hasta el lugar del atentado “y la versión que nos dieron es que no pudieron entrar porque la gente no les dio paso, pero la Procuraduría sí pudo entrar. No tuvieron voluntad para recolectar las pruebas, tanto así que el investigador nos pidió que le entregáramos las vainillas de las balas, porque ellos por negligencia permitieron que se dispersaran”.
Además añadió fue presionada de manera “inadecuada o irregular” para entregar las pertenencias de su hermano y aseguró que no fue avisada previamente sobre la visita y como “no pude estar en el momento en que fueron, me dijeron que si no entregábamos las cosas voluntariamente nos hacían un allanamiento, pero afortunadamente un abogado me estaba asesorando”, afirmó.
La familia entregó de manera voluntaria el celular, el computador y una memoria USB de Lucas, donde el procedimiento contó con el acompañamiento de un Procurador de Risaralda.
Por el momento no hay pronunciamiento por parte de la Sijín.
