La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzó este martes su revisión a la situación en Colombia tras un mes y medio de protestas que han estado marcadas por graves denuncias contra la fuerza pública, así como por el vandalismo y delicados hechos de violencia que vinculan a civiles armados y policías.
Esta visita, que finalizará el jueves, busca escuchar a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus familias para recibir sus testimonios sobre las agresiones que han sufrido durante las movilizaciones que comenzaron el pasado 28 de abril contra el Gobierno de Iván Duque.
La agenda del primer día abarcó reuniones privadas con el presidente Duque en Bogotá, representantes del Gobierno y varios ministerios, además de encuentros con la sociedad civil en la capital del país y en la ciudad de Cali, donde se han presentado los mayores incidentes tanto por parte de la Policía como de civiles.
“La delegación de la CIDH liderada por su presidenta, Antonia Urrejola, se reunió con el Presidente de la República, Iván Duque, quien dio la bienvenida a la visita de trabajo. En la ocasión se mantuvo un diálogo abierto sobre la situación de DD.HH. en el contexto de las protestas”, informó hoy la Comisión.
La CIDH revisará las acusaciones que recaen principalmente sobre agentes de la Policía por el desproporcionado e indiscriminado uso de armas de fuego, la violencia homicida y agresiones a manifestantes, al menos un centenar de casos de desapariciones que permanecen abiertas, así como los abusos contra la prensa y la misión médica que ha sido blanco de cientos de ataques y los efectos de los bloqueos.
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Sobre las denuncias contra la fuerza pública, el Gobierno defendió hoy que Colombia es un país en el que el Estado de derecho y la solidez institucional son garantías del respeto de los derechos humanos, la protesta pacífica y la justicia, por lo que será garante de la visita de la CIDH y dará acceso a toda la información necesaria para que la misión cumpla con su trabajo.
La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, reiteró en las reuniones que el Gobierno es garante de las expresiones ciudadanas, pero no permitirá que haya impunidad con la criminalidad ejercida por “un grupo minoritario de personas que aprovecharon una protesta legítima y pacífica” para saquear, destruir y asesinar.
“El Estado colombiano está en su derecho y sobre todo en la obligación de proteger a la ciudadanía, de proteger esta democracia, los bienes públicos y también la propiedad privada que se han visto durante estas seis semanas bajo el asedio”, subrayó Ramírez durante una declaración pública.
Agregó que “no es cierto” que el país tenga “una Policía que persigue a los manifestantes ni que impide las manifestaciones”, pues los uniformados “solamente han intervenido cuando ha sido necesario debido a la violencia”. EFE
