En un debate que se extendió por más de 8 horas, las comisiones primeras del Senado y Cámara aprobaron en primer debate el proyecto de ley que reforma al Código Disciplinario y con el que se busca atender el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando fue destituido Gustavo Petro de la Alcaldía de Bogotá.
El tema que más polémica generó y en el que se centró la discusión, es el artículo que le otorga facultades al Presidente de la República, para aumentar la planta de personal de la Procuraduría General, y crear nuevos cargos, de ser esto necesario.
Según explicó el Ministerio Público, la idea es contar con funcionario diferentes en cada fase de investigación, y crear una sala que permita la doble instancia. Sin embargo, de acuerdo con la procuradora Margarita Cabello, estas personas deberán de ser elegidos por mérito.
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“También somos conscientes de que, en algunos funcionarios, seguramente los de juzgamiento, es necesario ser conscientes y entender que esos funcionarios no les debe elegir el procurador a dedo, sino que deben ser elegidos por méritos, porque eso es lo correcto, lo ético y eso queda incluidos en este proyecto”, señaló.
La procuradora mencionó que, de no aprobarse este proyecto, miles de procesos podrían prescribir. Además, otra urgencia para aprobar la reforma es que el Estado debe de rendir su primer informe del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana el próximo 18 de agosto.
“No es cierto lo que están diciendo ni mucho menos que se van a crear miles de cargos dentro de la Procuraduría (…) Lo que se pretende es que al dar cumplimiento a la sentencia de la CIDH de separar las funciones entre investigadores por un lado y juzgamiento por otro lado implica hacer una reestructuración interna dentro de la propia procuraduría”, manifestó Cabello.
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Por su parte, los congresista de la oposición aseguraron que esta iniciativa en lugar de garantizar los derechos políticos de los electos, generará más posibilidades para que estos sean condenados por el ente de control, sin importar la respectiva decisión judicial por falta disciplinar.
Por último, la oposición advirtió que la reforma le daría funciones de policía judicial a la Procuraduría, por lo que la entidad tendría facultades para interceptar comunicaciones, realizar allanamientos, entre otras funciones correspondientes a la policía judicial.
El proyecto que ha generado gran polémica pasará ahora a debate en las plenarias de Senado y Cámara, en donde se decidirá si se convierte en Ley.
