Después de más de un mes de movilizaciones en el país y a pesar de los diferentes encuentro que han tenido, el Gobierno Nacional y el Comité del Paro no han podido llegar a un acuerdo para entablar la mesa de negociación y poder llegar a un consenso para intentar superar esta crisis social que se vive actualmente.
El pasado viernes 28 de mayo, en horas de la noche, el presidente de la República, Iván Duque, ordenó la militarización del departamento del Valle del Cauca ante las fuertes alteraciones de orden público que se estaban presentado. Sin embargo, al día siguiente, es decir el sábado 29 de mayo, se conoció el decreto oficial en el que se ordenaba el despliegue de las Fuerzas Militares en ocho departamentos, debido a la violencia de los últimos días.
Esta decisión fue rechazada por el Comité Nacional del Paro, quienes a través de un comunicado aseguraron que el Gobierno está “dilatando de manera inconsciente la firma de un acuerdo básico de garantías” para ejercer la protesta social.
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En ese sentido, los representantes de los sectores sociales manifestaron que hasta que no se lograra llegar a esta garantías, era imposible instalar las mesas de negociación, y afirmaron que el Gobierno le estaba apostando a un “discurso de odio” y de “estigmatización”, por lo que calificaron la decisión de militarizar las ciudades como una “conmoción interior parcial y de facto”.
“Se trata (la militarización) de una conmoción interior parcial y de facto, que elude el control constitucional, involucra a los militares en el manejo de la protesta y subordina las autoridades civiles a los mandos militares, configurando con ello un golpe de Estado”, dice la misiva.
De acuerdo con el Comité, en la madrugada de este domingo el Gobierno le realizó unos reajustes al preacuerdo de garantías al que se había llegado hace unos días, según ellos, estas ajustes excluye temas cruciales, como por ejemplo el “no uso de la asistencia militar para la protesta”, y obliga al Comité a condenar y criminalizar los bloqueos que se han presentado en las diferentes vías del país.
“No se trata de ajustes en la redacción como habían anunciado, se trata de deshacer el preacuerdo logrado y con ello cualquier posibilidad de la negociación (…) Lo que nos lleva a concluir que la pretendida voluntad para negociar que expresaba el interior comisionado de paz ya no existe en el Gobierno y que se ha impuesto una política de guerra contra el Paro nacional”, agrega el comunicado.
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Los representantes afirman que tiene la disposición y convicción para poder resolver este conflicto a través del diálogo, por lo que exige que el preacuerdo que ya se había alcanzado sea firmado en las próximas horas.
Por último, manifiestan que convocarán a “las más grandes organizadas y pacíficas movilizaciones” de la historia del país, con as cuales buscan “impulsar un gran diálogo”.
