El magistrado ponente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis Armando Tolosa Villabona, ordenó al Gobierno, a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo presentar acciones y avances frente al cumplimiento de tutela a protesta pacífica STC7641-2020, la cual “ordenó a las autoridades involucradas en el manejo de las movilizaciones sociales, adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y no destructiva”, según un comunicado de la institución publicado el 22 de septiembre de 2020.
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“La exigencia pacífica del ejercicio del derecho de reunión, manifestación y protesta conlleva entre las muchas, una obligación de doble vía, tanto para los titulares del derecho, como para el Estado. El derecho no se puede asimilar al caos, al vandalismo o al desorden; tampoco procede la estigmatización y la intimidación, porque ninguna de tales circunstancias contribuyen al proceso democrático y constitucional de hacer un país incluyente y un Estado Social de Derecho, tolerante, armonioso, en desarrollo, respetuoso de la dignidad humana. Por ello, es del caso, instar a todas las autoridades accionadas y a la ciudadanía a acatar con diligencia y plena observancia los mandatos contenidos en la sentencia STC-7641-2020”, indicó el magistrado Tolosa en un documento denominado como ATC722-2021.
El llamado al Gobierno para que respete la protesta pacífica lo realizó la CSJ luego de estudiar varios recursos que solicitan declarar en desacato al presidente Iván Duque y al ministro de Defensa, Diego Molano, por incumplir una tutela que en 2020 les ordenó pedir disculpas públicas por la violencia sistemática de los miembros de la Policía al enfrentar las manifestaciones.
Según los datos entregados por la Defensoría del Pueblo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el inicio de las manifestaciones contra el Gobierno, y hasta el 24 de mayo, ha trasladado a la Procuraduría, la Fiscalía y la Policía 236 denuncias por abusos policiales que vulneraron los derechos humanos de la ciudadanía durante las jornadas de protesta.
Por este motivo, la CSJ remitió los desacatos al Tribunal de Bogotá para que los estudie y solicitó al Gobierno evidencias de que el fallo sí se ha cumplido.
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Entre las pruebas que deberá entregar el Ejecutivo están la “descripción del procedimiento administrativo y de la metodología a través del cual se busque garantizar el esclarecimiento de acciones sobre el uso desproporcionado de la fuerza pública, así como de las órdenes de la cadena de mando [y el] calendario de reuniones presentes y futuras, con la agenda de cada una de ellas, relacionado con la actividades de la mesa de articulación de alto nivel entre la Procuradora General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la Nación, el Director General de la Policía Nacional, las víctimas y sus representantes, ciudadanía, organizaciones defensoras de derechos humanos y organismos internacionales, donde se discutió la temática de la reestructuración de las directrices sobre el uso de la fuerza estatal en las manifestaciones pacíficas”, de acuerdo con el ATC722-2021.
“Se infiere de lo escrutado constitucionalmente, por la comprobación de lesiones físicas a manifestantes y por la conducta de algunos agentes de la policía y en el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) que hay falencias e incapacidad en las instituciones encargadas de mantener el orden público interno, para usar, de forma racional y moderada, las armas de la República, al punto que generan un temor fundado para quienes desean manifestarse pacíficamente”, señaló la sentencia STC7641 de 2020.
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La ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Unión Europea, el Vaticano y el Gobierno de EEUU, entre otros, han rechazado la violencia policial en Colombia y han pedido acciones al Gobierno colombiano para que cesen las agresiones de la Policía contra los manifestantes.
El 25 de mayo, la CIDH publicó un duro comunicado en el que condenó las “violaciones a los derechos humanos” que se han presentado en Colombia durante el paro: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la grave crisis que enfrenta Colombia y condena las graves violaciones de derechos humanos registradas durante las protestas sociales. En ese sentido, urge al Estado a respetar los más altos estándares en cuanto a la libertad de expresión, uso de la fuerza y debida diligencia, así como a permitir que la CIDH realice una visita de observación al país, honrando su tradición con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos”.
Aunque el Gobierno de Iván Duque ha dicho que está dispuesto a que la CIDH visite el país, aseguró que podrá hacerlo después de que los órganos de control internos terminen sus propias investigaciones sobre los hechos que han ocurrido en el último mes durante las protestas.
