El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, se reunió con la mamá de Sergio Urrego, la señora Alba Lucía Reyes Arenas, quien compartió su experiencia de lucha y defensa por la diversidad sexual.
El encuentro se produjo luego de conocer la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que respaldó los elementos probatorios y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación y mantuvo, en segunda instancia, la decisión de condenar a Amanda Azucena Castillo,
exrectora del colegio donde estudió Sergio Urrego.
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Ante el testimonio de la señora Reyes Arenas, el Fiscal General reafirmó el compromiso institucional de avanzar en estrategias con enfoque diferencial, para abordar las investigaciones sobre discriminación por orientación sexual en diferentes escenarios, especialmente, en el
sector educativo.
“Este es un mensaje muy importante para todos los rectores, profesores, personas encargadas de la educación en colegios públicos y privados en este país: la Fiscalía General de la Nación perseguirá a quienes atropellen los derechos de las personas que pertenezcan a grupos históricamente discriminados. Este mensaje también es para los muchachos que están en los colegios y a las personas que están en las universidades, la Fiscalía no abandonará esta lucha” precisó el fiscal Barbosa
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Por su parte, la mamá de Sergio Urrego hizo un llamado a las familias que, en algún momento, se han sentido rechazadas o discriminadas en los ámbitos escolares. Les pidió defender la diversidad sexual.
“En sus hijos se ve el dolor. En sus hijos se tiene que leer lo que está pasando hoy en día en los ámbitos educativos. Es llamar a todas las personas que forman los pilares fundamentales de un ámbito educativo, como son los docentes, las directivas, las psicólogas, las orientadoras. Este también es un mensaje claro a los jóvenes, decirles que no están solos y solas, que aquí hay un derecho constitucional”. dijo la señora Alba Lucía
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El Tribunal Superior de Bogotá le impuso a la exrectora del colegio donde estudió Sergio Urrego una pena de 8 años y 8 meses de prisión, y confirmó que la sentenciada es responsable de los delitos de falsa denuncia en persona determinada, y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.
