La desconfianza de los europeos residentes en el Reino Unido en las administraciones públicas británicas ha aumentado tras el Brexit, según un estudio publicado hoy por la Autoridad de Monitorización Independiente (IMA), un órgano establecido para vigilar que el Gobierno protege sus derechos.
Este informe, divulgado a 51 días de la finalización del “periodo de gracia” para que los europeos que estaban en territorio británico antes del Brexit obtengan un permiso temporal de residencia (30 de junio) se basa en 3.000 respuestas de ciudadanos de los 27 países de la Unión Europea (UE), Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
La directora ejecutiva del IMA, Kathryn Chamberlain, explicó en un encuentro virtual con medios que el objetivo de la encuesta es “concienciar” a los europeos acerca de sus derechos tras el Brexit, así como “poner en el mapa” la labor de este cuerpo público nacido como parte del acuerdo de salida de la UE.
Los resultados de este estudio reflejan que la mayoría de los europeos no sienten un trato discriminatorio en Reino Unido, aunque la falta de confianza en las autoridades públicas británicas es un sentimiento “latente” entre los participantes.
Chamberlain avisó del hecho de que los datos pueden “no ser del todo representativos”, dado que las personas motivadas para rellenar la encuesta también están más convencidos de quedarse en el Reino Unido.
Solo la mitad de los encuestados es consciente de sus derechos como ciudadano europeo y el 10 % está considerando abandonar la isla tras el 30 de junio, indica el informe.
Además, mostraron su preocupación por convertirse en “ciudadanos de segunda clase”, así como de que sus derechos no se mantengan en el largo plazo. El 25 % asegura que “no se siente tratado con igualdad” respecto a los británicos.
En las últimas semanas se han dado a conocer diferentes casos de ciudadanos europeos, entre ellos españoles, que han intentado acceder a suelo británico tras la aplicación del Brexit y han sido retenidos en centros de expulsión de inmigrantes.
Con respecto a este tema, Chamberlain admitió haber oído de algunos casos de “pequeños problemas en la aduana”, pero no de “denuncias directas”.
Del mismo modo, comentó que la IMA tratará de investigar este problema “en el futuro”, así como reclamar al gobierno británico las cifras de ciudadanos comunitarios retenidos en Reino Unido desde la ruptura de lazos con la UE, el pasado 1 de enero, hasta ahora no publicadas.
Chamberlain animó a reportar estos casos a la IMA con el mayor detalle y datos posibles para poder ofrecer una solución, aunque puntualizó que nunca como “alternativa a los canales oficiales”.
Pues, como cuerpo público, la Autoridad no actúa en casos individuales, sino únicamente para abordar los problemas de los europeos en su conjunto, y después notificárselo a las autoridades británicas. Efe
