La Mesa Minero Agro Ambiental de la Sub – Región del Nordeste de Antioquia y la Asociación Mesa Minera Segovia-Remedios aseguraron que se unirán al paro nacional, principalmente por la petición que se ha venido haciendo desde este sector para que se retire el proyecto de Ley 059 de 2020.
Este proyecto, se encuentra en el Senado y busca endurecer la explotación de minería ilegal, así como fortalecer los procesos jurídicos respecto a este tema. Según los mineros tradicionales-artesanales, la ley “estigmatiza la labor del barquero o minero ancestral”, ya que no se diferencia su actividad de la minería ilegal, asimismo pide que el Gobierno proteja y reconozca esta acción como legítima.
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Por otro lado, se pidió que en lugar de apoyar la Ley 059, se soporte el proyecto de ley 314 de 2020, el cual ordena la legalización y formalización de la minería pequeña y tradicional en el país, así como del proyecto de ley 440 de 2020 sobre la bancarización al sector minero, porque aseguran que estos dos proyectos sí legitiman su labor ancestral.
Los mineros ancestrales aseguraron que sus manifestaciones seguirán y manifiestan que “para el 13 de mayo del 2021 estaremos en varios territorios del país haciendo manifestaciones pacíficas, en contra del proyecto ley 059 y 283 que penaliza y judicializa a los mineros ancestrales y tradicionales, solamente le estamos diciendo al Gobierno que haga una caracterización para que sepan diferenciar quienes son los mineros ancestrales y tradicionales y criminales, y que haya una política pública minera para el reconocimiento de estos mineros tradicionales y ancestrales”, así lo dijo Jaime Gallego, vocero de la Mesa Nacional Minera a W Radio.
Además, según la cifra de la Mesa Nacional Minera en Colombia hay más de 1.300.000 mineros ancestrales, en diferentes mesas organizadas en todo el territorio nacional y anuncia que están pendientes 9.000 solicitudes de legalización, reconocimiento y formalización que retrasan su labor como minería ancestral, debido a los lentos procesos de la Agencia Nacional de Minería, pues consideran que esa organización del Estado es “incompetente” en la solución de trámites.
