CorteIDH ve caso contra Argentina por desaparición forzada durante dictadura

981857Congreso-Argentina-Oficial

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) realizó este lunes una audiencia  sobre la desaparición forzada, en 1976, de Mario Roger Julien Cáceres y Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite, ocurrida en un operativo policial y militar durante la dictadura en Argentina.

Los jueces escucharon los testimonios de Anatole y Victoria, hijos de la pareja desaparecida forzosamente. Ambos expusieron parte de los recuerdos que tenían de la época y el sufrimiento vivido por la separación al ser trasladados clandestinamente a Chile y abandonados en una plaza en Valparaíso

“Recuerdo estar de la mano de mi madre, quien tenía a mi hermana en los brazos, escondidos en una especie de estacionamiento y de repente ver un fuego azul de metralla. Llega un militar que nos apunta directamente y nos lleva hacia un lugar. El siguiente recuerdo es ver hacia atrás cuando ya nos llevaban con mi hermana y ver a mis padres tirados en el piso y apuntados, uno de ellos le agarraba el pelo a mi madre”, relató Antole Larrabeiti Yáñez, apellidado así por sus padres adoptivos.

El caso se remonta al 26 de septiembre de 1976 cuando se llevó a cabo un operativo policial y militar en la casa de la familia Julien-Grisonas, ubicada en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires.

Julien Cáceres, de nacionalidad uruguaya, se había refugiado en Argentina por motivos políticos en 1973 a consecuencia del golpe de Estado en Uruguay.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente que eleva las demandas a la CorteIDH, el caso es emblemático por las graves violaciones ocurridas a los derechos humanos durante la dictadura en Argentina en el marco de la Operación Cóndor.

“Refleja la coordinación represiva argentino-uruguaya en contra de personas uruguayas refugiadas en Buenos Aires. Así mismo, develó el plan sistemático de apropiación de niños y niñas luego de que sus progenitores fueran desaparecidos (…) La Comisión determinó que no se aplicaron sanciones, ni se entregaron los restos, ni se ha identificado el cuerpo de la madre”, afirmó la vicepresidenta de la CIDH, Julissa Mantilla.

Julien Cáceres fue detenido ilegalmente, herido y visto por última vez el día del operativo militar, aparentemente muerto, tirado en el piso en la esquina de su casa rodeado de militares. Desde ese momento, su cuerpo permanece desaparecido, indica la demanda.

Por su parte, Grisonas fue también detenida ilegalmente, brutalmente golpeada a plena luz del día frente a su hijo y vecinos, y conducida al centro Automotores Orletti, uno de los centros clandestinos de detención y tortura utilizados en el marco de la Operación Cóndor. A la fecha se desconoce su paradero, agrega la demanda.

“¿Cómo podemos reparar lo irreparable? Definitivamente nadie me va a devolver a mis padres, pero podemos mejorar las circunstancias de búsqueda, lo importante es que se siga buscando (…)  Lo hemos hecho solos durante más de 26 años y es hora que el estado asuma responsabilidades. Me gustaría tener en donde ponerles flores, saber qué les pasó, en dónde están, eso quiero”, manifestó entre lágrimas Victoria Larrabeiti Yáñez.

Ambos menores fueron encontrados gracias a la intensa búsqueda y campaña nacional e internacional, por más de tres años, que realizó la abuela paterna. Anatole y Victoria fueron los primeros niños desaparecidos recuperados, mientras aún regían las dictaduras del Cono Sur.

La subsecretaria de protección de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina,  Andrea Pochak, expresó en representación del Estado la solidaridad con el sufrimiento de Anatole y Victoria y no les formuló preguntas.

Los jueces también escucharon al perito propuesto por el Estado, Pablo Parenti, quien detalló los esfuerzos realizados en Argentina para condenar a los responsables, buscar justicia a las víctimas, así como impulsar la creación de un banco genético y de una comisión sobre el derecho a la identidad y la búsqueda de restos.

La audiencia continuará este martes con la participación de más peritos y los alegatos finales orales de las partes. Efe