La Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento de hasta 83 casos de reclutamiento forzado de menores desde que entraron en vigor las medidas de confinamiento por la pandemia, el 17 de marzo de 2020, hasta septiembre, cuando finalizó la fase estricta, según un informe divulgado el martes.
El 80 % de estos casos ocurrió en zonas rurales, sobre todo en territorios donde abundan los cultivos ilícitos, y el 33 % de los reclutados eran menores de 14 años, señala un informe sobre la extensión de este crimen de lesa humanidad en el país.
Casi 200 municipios en toda Colombia estuvieron en riesgo de reclutamiento forzado en 2020, año en que la Defensoría emitió hasta 46 alertas tempranas donde se avisaba el riesgo de reclutamiento forzado.
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En 2021, por otro lado, ya son cinco las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo sobre el riesgo que hay de reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo (el mayor grupo criminal del país), disidencias de las FARC o la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
“A la Defensoría del Pueblo le preocupa la persistencia del reclutamiento, uso y utilización en Colombia (de) las viejas dinámicas del conflicto, que se han transformado a través de las nuevas modalidades de violencia después de la firma de los acuerdos de paz”, señala e informe.
En algunos casos, fenómenos como el abandono, el maltrato infantil o la violencia intrafamiliar o sexual, así como la pérdida de seres queridos, pueden llevar a los menores a sumarse a grupos armados buscando protección.
“Son preocupantes los casos de reclutamiento en donde el niño, niña y adolescente tiene la ‘voluntad’ de ingresar a los grupos armados ilegales”, se extrae del informe, que apunta también al uso de menores como escudos humanos.