La Comisión Primera del Senado de Colombia inició el debate, el miércoles 14 de abril, del Proyecto de ley número 236 de 2020, por medio del cual se establece el marco regulatorio de la hoja de coca y sus derivados. La votación se llevará a cabo el próximo martes 20 de abril.
El proyecto presentado por los senadores Iván Marulanda (Partido Alianza Verde) y Feliciano Valencia Medina (Movimiento Alternativo Indígena y Social –MAIS–) inició su trámite legislativo el pasado 25 de agosto, cuando se radicó la iniciativa con la firma de 21 congresistas de diferentes partidos políticos y en el marco de la alianza multipartidista por un cambio de la política de drogas en Colombia.
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De acuerdo con los ponentes, con la regulación se busca reducir los daños asociados al narcotráfico, al permitir que sea el Estado quien tenga el control de un mercado dominado por estructuras criminales. Además, permitiría descriminalizar a los consumidores y salvaguardar los derechos que tienen los pueblos indígenas sobre la planta de coca.
“El proyecto pretende quitarle la materia prima a los productores que manufacturan la cocaína, que exportan el 90% de la droga que se consume en el mundo. Comprarles a los campesinos la cosecha de hoja de coca a precios de mercado cuesta mucho menos que los programas de erradicación, que cuestan 4 billones de pesos al año, mientras que la compra costaría 2,3 billones. Y nos ahorraríamos esa matanza tan horrorosa de policías, soldados y ciudadanos”, agregó.
Esta iniciativa propone una regulación que distingue el tipo de producto (psicoactivo o no psicoactivo), el tipo de uso (problemático, no problemático, científico y farmacéutico) y la etapa en la cadena de valor (cultivo, transformación, distribución, comercialización y consumo).
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De acuerdo con el senador del Partido Verde, el Estado compraría la hoja de coca a precios de mercado, con esta se produciría cocaína pura, pero solamente para los consumidores colombianos. Estos consumidores estarían incluidos en un registro del Ministerio de Salud y en el Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), y, con base en un diagnóstico clínico, el Estado les entregaría una dosis personal.
El resto de la hoja de coca se entregaría a los sectores productivos, principalmente fabricas ancestrales y artesanales propias de la cultura indígena, para la producción de alimentos, bebidas, cosméticos y medicinas. También se destinaría para la producción de abono y para investigación científica.
El pasado lunes, Iván Duque, firmó un decreto que regula la aspersión de glifosato para acabar con los cultivos ilícitos en el país.
Colombia suspendió en 2015 la aspersión aérea con glifosato tras acogerse a una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que alertó sobre los potenciales daños que puede generar el herbicida en las personas y el medio ambiente.
