Japón formalizó este martes su decisión de verter al mar el agua contaminada de la accidentada central nuclear de Fukushima tras tratarla para eliminar la mayoría de los elementos radiactivos, un proceso que tiene previsto comenzar en 2023.
El primer ministro nipón, Yoshihide Suga, calificó la medida de “inevitable” para el desmantelamiento de la planta y señaló que se trata de la opción “más realista” entre otras disponibles que son técnicamente más complejas y menos viables de cara a solucionar el acuciante problema de almacenamiento de estas aguas.
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Mientras, países vecinos como China y Corea del Sur y asociaciones ecologistas como Greenpeace mostraron su preocupación por las implicaciones medioambientales del vertido e hicieron un llamamiento a Tokio para que reconsidere su decisión, que no cuenta con el visto bueno de las autoridades locales ni los pescadores de Fukushima.
Esta controvertida medida, sobre la que Japón lleva deliberando años, está principalmente destinada a resolver el problema de la acumulación de agua radiactiva en las instalaciones de Fukushima Daiichi, una de las cuestiones más acuciantes dentro del complejo proceso de desmantelamiento de la planta dañada a raíz del desastre natural del 11 marzo de 2011.
Más de 1,25 millones de toneladas de agua procesada se almacenan actualmente en las inmediaciones de la central y se prevé que la capacidad para su almacenamiento se agote en otoño del próximo año, según el ritmo actual al que se genera ese líquido.
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Ese agua, almacenada en enormes tanques, procede del enfriamiento de los núcleos de los reactores dañados, así como de los acuíferos subterráneos, y de lluvias que se filtran y terminan contaminadas con isótopos radiactivos.
El líquido es tratado con un sistema de procesamiento que elimina la mayoría de los materiales radiactivos considerados peligrosos, a excepción del tritio, un isótopo presente en la naturaleza, aunque en baja concentración.
Las autoridades japonesas mantienen que el vertido no generará ningún riesgo para la salud humana porque los niveles de tritio liberados al mar estarán por debajo de los estándares sanitarios nacionales (al ser mezclado con agua marina) y defienden que ésta es una práctica habitual en la industria nuclear de otros países.
