Seúl dio hoy marcha atrás y canceló la orden que obligaba a todos los extranjeros con trabajo en la ciudad a someterse a un test de COVID-19 después de que el Gobierno central pidiera una rectificación debido a las protestas por discriminación.
El Gobierno Metropolitano de la ciudad ha modificado la orden administrativa, que ahora solo recomienda testar a aquellos extranjeros que trabajen en lugares de alto riesgo, según un comunicado publicado este viernes por el ayuntamiento.
La orden original, implementada el jueves, daba de plazo a todos los no surcoreanos con empleo en la ciudad para testarse hasta el 31 de marzo bajo multas de hasta 2 millones de wones (unos 1.445 euros/1.780 dólares).
Le puede interesar: Polémica por la orden de testar a todos los extranjeros que trabajen en Seúl
La decisión llega después de que la Oficina Central de Gestión de Desastres, que depende del primer ministro y está a cargo de la gestión de la pandemia en el país asiático, pidiera retirar o modificar la medida. También después de que algunas embajadas protestaran por la orden y de que varias entidades e individuos presentaran denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos surcoreana.
El órgano ha dicho en un escrito que “planea determinar si (las medidas) constituyen discriminación o violaciones de derechos humanos”.
También añade que normas “que excluyen o segregan a inmigrantes podrían invitar a una percepción negativa o a discriminación contra inmigrantes, agitar las bases de la unidad social, la solidaridad y la confianza y conducir a crímenes de odio con base en la raza”.
Recomendamos leer: Putin le dice a Biden tras calificarlo de asesino ‘el que lo dice, lo es’
El Gobierno de la provincia de Gyeonggi, que rodea a Seúl, también activó a principios de marzo una normativa similar, que de momento sigue en pie y que obliga a todos los extranjeros con trabajo en la comarca a someterse a un test PCR antes del 22 de marzo.
Ambas Administraciones y la Agencia para la Prevención de Enfermedades Infecciosas de Corea (KDCA) justificaron la decisión asegurando que la situación “es de alto riesgo” por el aumento en la tasa de positividad de los extranjeros en los dos últimos meses y que las ordenanzas buscaban ser preventivas y nunca discriminatorias.
