La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, denunció hoy que el espacio cívico y democrático se sigue reduciendo en Venezuela y pidió al gobierno que revierta esta situación de cara a las elecciones de gobernadores previstas para este año.
“El nombramiento del próximo Consejo Electoral Nacional es una prueba de la credibilidad de las próximas elecciones”, destacó Bachelet en una presentación oral sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En su exposición salió a relucir las represalias que toma el régimen de Nicolás Maduro contra aquellos que se atreven a colaborar con organismos internacionales, incluso si se trata de la ONU.
“Al día de hoy, cinco activistas siguen con cargos relacionados con terrorismo y blanqueo de dinero por haber prestado asistencia humanitaria como parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas”, reveló.
Asimismo hay organizaciones no gubernamentales que están bajo investigación por motivos similares.
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Además de ello la Oficina de Bachelet en Ginebra ha recibido denuncias de represalias contra venezolanos que ha colaborado con su trabajo de seguimiento de la situación interna, así como contra personas que tuvieron alguna relación con una misión internacional que investiga las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
La denuncia más grave que hizo tuvo que ver con doscientas ejecuciones extrajudiciales desde el pasado septiembre por parte de las fuerzas de seguridad.
En su presentación de hoy, Bachelet aportó datos adicionales sobre las múltiples violaciones que ocurre en Venezuela, entre ellas 66 casos documentados de intimidación, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, activistas, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición.
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Por otra parte, la alta comisionada dijo que ha recibido datos que indica que el salario medio en Venezuela estaría por debajo de un dólar al mes, mientras que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado un 1.800 % en el último año.
La consecuencia sería que un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria.
Consideró que, en este contexto, la asistencia humanitaria es más esencial que nunca y que por ello son preocupantes las restricciones dictadas por el gobierno al trabajo de las ONG, que incluyen la congelación de activos.
Sin embargo, Bachelet también pidió nuevamente que se levanten las sanciones económicas internacionales contra Venezuela y que se facilite el acceso de este país a las vacunas contra la covid-19.
Algunos representantes de ONG que tomaron la palabra después de Bachelet denunciaron que los planes de vacunación del gobierno están guiados por intereses políticos. EFE
