El pasado mes de agosto del 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió un fallo en contra del extinto Departamento Administrativo de la Presidencia (DAS), por las interceptaciones ilegales que realizaron en contra del senador Gustavo Petro y algunos integrantes de su familia, entre los años 2002 y 2010.
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Ante ello, el Tribunal ordenó que se indemnizara a las víctimas con 600 salarios mínimos que tenían que ser distribuidos entre el congresista, su esposa Verónica Alcocer, sus dos hermanos, sus padres y sus dos hijos del matrimonio con su exesposa Maryluz Herrán.
Esta sanción en busca de reparar a Petro y a su familia por las violaciones a su intimidad y la persecución constante hacia ellos.
Sin embargo, la decisión en su momento dejó por fuera a las dos hijas de su actual matrimonio, a pesar de que estaban incluidas en la demanda que se realizó.
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Por ello, el Tribunal de Cundinamarca ordenó que las dos hijas del líder de la Colombia Humana debían ser incluidas en la sentencia y adicionó en la misma una indemnización de 80 salarios mínimos para las dos mujeres.
