El pasado 17 de diciembre un grupo de relatores de la ONU envió una carta en la que se expone la preocupación por volver a utilizar la aspersión de glifosato para erradicar los cultivos ilícitos.
En el manuscrito realizado por relatores defensores de derechos humanos, se expresa que volver a esta práctica afectaría el acuerdo de paz.
“Atentaría contra el acuerdo de paz y contra lo dispuesto por la Corte Constitucional respecto a la jerarquía entre las estrategias para la erradicación de cultivos ilícitos” dice.
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Además de ello, también se manifiesta que se podrían ver involucrados daños para el medio ambiente y crisis en materia de salud pública.
“Nos gustaría llamar la atención del Gobierno de Su Excelencia sobre nuestra preocupación relativa a la intención del Estado de Colombia de reactivar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea de herbicida glifosato (PECIG) y los riesgos relacionados para los derechos humanos y el medioambiente” afirman en el ocumento.
Ante estos señalamientos el gobierno respondió por medio de la vicecanciller, Adriana Mejía, negándose a la solicitud.
“Los Llamamientos Urgentes sólo proceden ‘en los casos en que las presuntas violaciones requieran medidas perentorias por entrañar pérdidas de vidas humanas, situaciones que pongan en peligro la vida o un daño inminente o continuo de mucha gravedad para las víctimas” dice en el documento por la contestación.
La decisión ha sido tomada de mala manera internacionalmente, así como, las comunidades al interior del país que no están de acuerdo con el uso del glifosato.
