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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia advirtió este miércoles que la violencia en el departamento de Nariño (suroeste) amenaza el futuro del Caso 2 que investiga la situación en los municipios de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, así como obstaculiza la reparación de las víctimas.
La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción alertó que “los derechos a la verdad y justicia de 105.213 víctimas acreditadas ante la JEP, en esa región del país, están en jaque” y subrayó que en “el pacífico nariñense hay una continua revictimización”.
“Las pésimas condiciones de seguridad que se viven en esta región del país obstaculizan las labores de la JEP y la participación activa de las víctimas”, denunció la JEP.
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De acuerdo con el monitoreo de la UIA, en los tres municipios priorizados por la JEP hay una gran cantidad de grupos armados que se disputan el dominio de estas zonas y “utilizan las masacres como un elemento generador de miedo que les permita avanzar en sus tácticas de control social”.
El organismo recordó que durante el fin de semana del pasado 21 de febrero fueron asesinadas en esta región once personas, con lo que el número de crímenes ocurridos desde el fin del conflicto con la antigua guerrilla de las FARC ascendió a 117.
“De acuerdo con la UIA, se trata de la masacre número 22 que se reporta en ese departamento del suroccidente del país desde 2016”, advirtió la JEP. EFE
