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La tutela es impulsada por 10 líderes y lideresas sociales, en la que se alerta el incremento frente a la inseguridad y amenazas, fallando con lo pactado en el Acuerdo final de Paz.
Esta acción judicial ya ha pasado por el juzgado 45 civil del Circuito de Bogotá y por la Sala Civil del Tribunal de Bogotá, en la que se ordenó al Gobierno salvaguardar los derechos.
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Según la organización Dejusticia, la determinación que tome la Corte Constitucional será fundamental para ayudar con la situaciones que se vienen presentando.
Además, no se descarta que la Corte establezca el Estado de Cosas Inconstitucional por las circunstancias que aquejan los líderes sociales.
“La grave situación de seguridad que enfrentan quienes ejercen la defensa de los derechos humanos (…) la Corte Constitucional tiene la posibilidad de hacer seguimiento exhaustivo a las políticas del Gobierno para enfrentar tal situación”
Dice la organización.
