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La Corte Suprema de Chile informó este martes que un total de 26 manifestantes siguen en prisión preventiva por delitos cometidos durante el estallido social del año pasado, en momentos en que el Parlamento discute una polémica amnistía para los detenidos en las protestas.
“No hay visión ideológica en los tribunales. Los jueces analizaron las antecedentes del Ministerio Público y se dispuso la prisión preventiva según fue pertinente”, afirmó en rueda de prensa la portavoz de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.
La jueza aclaró que entre el 16 de octubre de 2019 y el 16 de marzo de 2020, los meses en los que tuvieron lugar las protestas más intensas, se decretó la medida de prisión preventiva para un total de 2.180 manifestantes por “cometer delitos comunes”, como desórdenes públicos, interrupción de la vía pública, incendios o saqueos.
El tiempo promedio de esta medida cautelar fue de 318 días, aunque 26 de ellos siguen detenidos más de un año después del inicio de la crisis, más de la mitad por delitos de robo en lugar no habitado y uno de cada cuatro por incendio con riesgo para las personas.
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El máximo órgano del Poder Judicial informó también que un total de 11 funcionarios de orden público permanecen en prisión preventiva por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la represión de las marchas.
Chile vivió a finales del año antepasado la crisis social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que empezó como una protesta contra el alza en el precio del billete de metro y se convirtió en un clamor por un modelo económico más justo y más derechos sociales.
Las revueltas dejaron más de una treintena de muertos y miles de heridos, señalamientos por violaciones a los derechos humanos hacia las fuerzas de seguridad y episodios de violencia que llevaron a la Fiscalía a abrir más de 5.000 causas por delitos cometidos en las marchas.
