Foto: Archivo referencial
En las múltiples declaraciones de los exuniformados involucrados en la golpiza y muerte del estudiante de Derecho, Javier Ordóñez, en Bogotá, se ha sostenido la premisa de que los policías destituidos acudieron hasta el lugar de los hechos por una supuesta riña en la que estaría participando el ciudadano en cuestión. Frente a estas declaraciones, la Procuraduría General de la Nación fue contundente para reprochar estas afirmaciones.
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La reacción del Ministerio Público surgió de la lectura del informe policial que redactaron los exagentes Harby Damián Rodríguez y Juan Camilo LLoreda, donde se vuelve a reconocer como verdadero el hecho de que el estudiante de Derecho fue reducido, enviado al Centro de Atención Inmediata (CAI) y separado de una riña.
Posterior a ello, el representante del ente de control indicó que Ordóñez no participó en una riña para que se tuviera que requerir la atención de uniformados de la Policía, pues confirmó que en las cámaras de seguridad no se evidenció tal incidente de orden público, por lo que fue enfático para reconocer que Rodríguez y Lloreda “no tuvieron que separar a nadie” pero sí incurrieron en el diligenciamiento falso de un documento público.
Esta conclusión presentada por el Ministerio Público se presentó dentro del fallo en contra de los dos expolicías que atacaron contra el ciudadano que estaba en “estado de indefensión” y que posteriormente perdió la vida a causa del estallido de uno de sus riñones.
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Frente a esta lectura del fallo, el ente de control acogería la petición de la defensa de los familiares de Javier Ordóñez, quienes serán sometidos a una pena disciplinaria máxima, es decir, destitución e inhabilidad de hasta por 20 años para ejercer puestos como funcionarios públicos, debido a su actuar bajo exceso de fuerza y abuso policial.
