Los fallos se acatan pero las fallas se corrigen: Duque ante las altas cortes

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Foto: Archivo

En un evento que organizó y encabezó el Consejo de Estado, donde declaró su presidente Álvaro Namén Vargas, también estuvo invitado el presidente de la República, Iván Duque, quien fue contundente para asegurar que las decisiones judiciales deben acatarse, tal y como lo dicta la Constitución, dejando a su vez un comentario posterior sobre las fallas que se pueden cometer en este tipo de fallos.

“Los derechos son vitales en una democracia, pero también es importante poner sobre la mesa, los deberes. (…) Los fallos se acatan pero las fallas se corrigen”, manifestó el Jefe de Estado.

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Estas declaraciones se presentaron durante la instalación del XXVI Encuentro de la Jurisdicción de lo contencioso Administrativo, donde participaron también el presidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Luis Quiroz, a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina, los jefes de los entes de control, entre otros.

Adicional a su comentario sobre los deberes judiciales, el estadista colombiano aprovechó para hablar sobre la estructura que debe cobijar un proceso en contra de las actuaciones que van en contra de la ley, puntualizando en el hecho del narcotráfico y del vandalismo, asegurando que la situación no se puede quedar en las capturas de los implicados, sino que estas deben progresar.

“Tenemos que procurar cada vez más, que todas las instituciones se rijan con los más altos estándares para proteger a los ciudadanos, pero también los más altos estándares para poder ser contundentes frente a las expresiones del crimen organizado y que no solamente se generen capturas sino efectivas judicializaciones y sanciones ejemplarizantes. Ese también es un deber”, sentenció Duque.

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Recordemos que la relación entre el Gobierno y las altas cortes se encuentran en una compleja controversia después de que la Corte Suprema de Justicia emitiera un fallo judicial para que el Estado le dé cumplimiento a una serie de órdenes sobre el manejo de las protestas por parte de los uniformados de Fuerza Pública que acompañan las manifestaciones.