Foto: Archivo referencial
La jueza 30 de control de garantías, Clara Jimena Salcedo, tomó una decisión sobre el caso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, señalando que según la competencia que le concedió la Corte Suprema de Justicia, aceptó la responsabilidad y decidió que el litigio en contra del excongresista sería asumido por la ley 906 del 2004, pero antes de darle paso a su determinación, decidió solicitar una segunda opinión.
Pese a que tomó una decisión, la jueza Salcedo decidió enviarle a la Corte Suprema de Justicia su decisión sobre el proceso en contra de Uribe, reconociendo que entiende que para analizar este litigio sin precedentes, debería tener la competencia del alto tribunal para reconocer cuál será la ley que se imparta dentro del proceso contra el expresidente, si la 906 o la 600.
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Esta solicitud fue enviada a la Sala de Casación Penal del alto tribunal, donde 23 magistrados deberán analizar por primera vez el expediente en contra del excongresista Uribe, y reenviarle su apreciación a la jueza encargada del proceso, para que se pueda tomar la decisión que definiría, entre otros aspectos, si el expresidente quedaría en libertad o no.
Adicional a esta determinación, en caso de que se escoja la ley 906, también podría desencadenar que la investigación en contra de Uribe deba iniciar de cero, siendo esta una alternativa que deberá adoptar bajo su competencia la jueza 30 de control de garantías.
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¿Ley 600 o ley 906?
La revocatoria de la medida cautelar en contra del exsenador, es una de las incógnitas que deberá esperar al menos de 15 a 30 días, por lo que este sería el plazo con el que cuentan los magistrados de la Corte Suprema que recibirán la decisión de la jueza 30 y entregarán su respectivo consentimiento.
Mientras tanto, desde la defensa del expresidente reiteran la solicitud para que el proceso en contra de su defendido pueda ser la ley 906, pues esta regla reza que cualquier delito que se haya perpetrado previo al primero de enero de 2005 debería ser tramitado por dicha norma, exceptuando a los aforados constitucionales, pero Uribe ya no se encuentra cobijado como legislador, debido a que renunció.
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Esta petición es apoyada por el fiscal encargado de la Fiscalía General de la Nación, Gabriel Jaimes.
Y asimismo, la defensa de las víctimas en el proceso, le solicitan a la jueza 30 que deje la ley 600, siendo esta en la que se basó el alto tribunal para adelantar la investigación en contra de Uribe, la cual señala que no importará el tema del tiempo para juzgar a los congresistas por un presunto delito cometido.
