Foto: Archivo
Hace ya cuatro meses se reveló que el Ejercito estaba recopilando información de 130 personas donde incluían periodistas que hicieron revelaciones sobre irregularidades que se presentaban al interior de las Fuerza Militares, políticos, militares, entre otras entidades. Durante estos cuatro meses la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) hizo seguimiento a las acciones judiciales y disciplinarías del caso, dejando un balance preocupante sobre el expediente que tiene a varios mandos militares bajo la mira.
La FLIP conoció que hay un informe de la investigación realizado por el Inspector del Comando General de las Fuerzas Militares y que habría sido remitido la Fiscalía y a la Procuraduría. Respecto a las actuaciones del ente investigador la Flip señala que el pasado 4 de mayo, el Fiscal General, Francisco Barbosa manifestó que desde enero del presente año se inicio una investigación por los delitos como violación ilícita de comunicaciones, uso ilícito de equipos transmisores, entre otros delitos, y que dentro de las diligencias se iba a citar a interrogatorio al General en retiro Nicacio Martinez. “Cuatro meses después, dicha diligencia no se ha realizado”, asegura la FLIP.
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Otro aspecto preocupante, fue una respuesta del pasado 11 de agosto de la Fiscalía a un derecho de petición enviado por la FLIP, donde afirma que, contrario a revelado por los medios de comunicación “no fueron 130 blancos los objetos de acciones ilegales de monitoreo, seguimientos, interceptaciones, perfilaciones, trabajos especiales por el Ejército Nacional, sino un número de personas que no supera los 20′. La Fiscalía no informó los nombres de los periodistas víctimas, tampoco brindó detalles de cómo identificó a las víctimas, ni de los criterios que utilizó para afirmar que el número de víctimas es considerablemente menor”, dijo la FLIP.
Para finalizar, la FLIP manifiesta que en una comunicación del 5 de agosto, el Estado “contestó algunas de las preguntas y omitió resolver de manera integral y completa todos los interrogantes planteados por los expertos independientes de Naciones Unidas y de la CIDH”. Así mismo, algunos miembros del Congreso de los Estados Unidos llamaron la atención sobre el caso, por el uso indebido de los recursos de ayuda internacional para fines “ilegítimos”.
