Foto: Archivo referencial
Un uniformado de carreteras llevaba esperando la decisión que fuera impartida por parte de la Corte Suprema de Justicia en su contra, debido a un proceso judicial que encaraba desde 2012, cuando participó en la inmovilización de un bus de transporte intermunicipal que se movilizaba en la vía que de Neiva lleva a Bogotá.
Dentro de este hecho, el agente de tránsito identificado como José Fredy Díaz, inmovilizó al vehículo de transporte de personas debido a que se había visto involucrado en un accidente donde un transeúnte había sido arrollado tras cruzar el peaje de Patá.
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La condena que impartió el alto tribunal indica que cuando este uniformado recibió una suma de $50.000 pesos para que se pudieran agilizar los trámites en los patios, beneficiando al dueño del automotor, el agente de tránsito incurrió en una práctica deshonrosa de su labor y debería condonarla en una prisión y sin recibir algún beneficio.
La denuncia fue presentada por el conductor del bus, quien aseguró que Díaz le había solicitado una suma del doble a la que habría recibido el agente de tránsito. Mientras que en su defensa, el uniformado aseguró que el hecho fue un acto de venganza por parte del conductor, debido a la inmovilización del vehículo.
Frente a este hecho, la polémica radica en que no existe alguna prueba fehaciente, cámaras de seguridad, grabaciones de voz o testigos, sino que todo se redujo al testimonio del denunciante contra el del denunciado.
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El hecho ha generado reacciones en contra del sistema judicial, debido a que esta sanción fue mucho más contundente que las que se les impartieron a otros delincuentes, como el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, condenado por el escándalo de corrupción de Odebrecht a cinco años, o el del exfiscal Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, condenado por el ‘Cartel de la Toga’ a cuatro años de prisión.
