Foto: Archivo referencial
El 11 de septiembre se cumplirá el primer mes desde que los cuerpos sin vida de cinco jóvenes fueron hallados en un cañaduzal ubicado en zona rural del barrio Llano Verde en Cali. Las investigaciones del CTI de la Fiscalía General de la Nación no dejan completamente satisfechos a los familiares de una de las 51 masacres que se han perpetrado en Colombia durante este 2020.
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A través del abogado Jonathan Velásquez, quien es el representante legal de cuatro de las cinco familias afectadas por esta masacre, expresó el inconformismo que existe por parte de sus defendidos y las hipótesis que mantienen las autoridades judiciales sobre lo que ocurrió esa noche de agosto.
Para el ente acusatorio, los presuntos responsables de este homicidio múltiple fueron tres hombres que se encontraban cumpliendo labores de vigilancia en una construcción aledaña al cañaduzal donde fueron encontrados los cadáveres de los adolescentes.
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No obstante, uno de los más grandes cuestionamientos que tienen las familias de los jóvenes, es que dos de ellos fueron degollados, por lo que el argumento de que hayan sido asesinados a causa de un supuesto robo, eleva la duda de los parientes de estos cinco adolescentes, “¿por qué a unos les dispararon y a otros no”, se preguntan.
Siendo así, el abogado Velásquez señaló que alias “El Mono” quien es el presunto asesino que aún se encuentra fugado de la justicia, tenía medida de detención domiciliaria, por lo que denunció el actuar de las autoridades competentes, en este caso, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
“El Inpec en compañía de la policía nacional únicamente han realizado 9 visitas, más sorprendente aún, de las 9 visitas realizadas en 2 visitas no se encontraba en su lugar de residencia, circunstancia que inmediatamente debía ocasionar que se le levantara este beneficio”, manifestó.
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Siendo así, el letrado fue contundente al afirmar que “si se hubieran realizado las visitas de rigor, estos niños hoy estarían con vida”.
