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Los niños wayuu, pueblo indígena que habita en Colombia y Venezuela, están en riesgo de desnutrición e incluso de muerte debido a la pandemia de coronavirus y las medidas de aislamiento decretadas para combatirla, denunciaron Human Rights Watch (HRW) y el Centro de Salud Humanitaria Johns Hopkins.
En un informe conjunto divulgado hoy, las dos entidades alertan de las dificultades de supervivencia de los miembros de este pueblo en el departamento colombiano de La Guajira, para quienes es “sumamente difícil acceder a alimentos, agua y atención médica en un momento en que estos servicios son más necesarios que nunca”.
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“El Gobierno colombiano debería adoptar medidas urgentes para proteger los derechos de los niños y las niñas wayuu”, alertaron.
En el informe, se explica que “las comunidades indígenas de La Guajira no tienen acceso a alimentos suficientes ni al agua necesaria para practicar una higiene básica, incluyendo lavarse las manos, y la información y acceso a la atención en salud es sumamente deficiente”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
“Esta situación ha contribuido a que durante años los wayuu hayan sufrido uno de los niveles más altos de desnutrición infantil en Colombia, y resulta sumamente preocupante en el contexto actual de la COVID-19”, añade.
Las dos entidades han divulgado también una publicación multimedia, denominada “Un pueblo resiliente: El pueblo indígena wayuu de Colombia enfrenta una crisis de desnutrición en medio de la pandemia”, sobre las dificultades que enfrentan las familias wayuu en La Guajira, “marcada por la inseguridad alimentaria e hídrica y un acceso limitado a la atención en salud”.
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El informe divulgado hoy se basa en las cerca de 200 entrevistas realizadas por investigadores de HRW y del Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins en La Guajira y en Bogotá, incluidos miembros y autoridades del pueblo wayuu, exiliados venezolanos, funcionarios de Naciones Unidas y del Gobierno colombiano, representantes de ONG, funcionarios de organismos humanitarios, personal de atención de la salud, docentes y científicos ambientales.
También analizaron información y datos proporcionados por numerosos organismos gubernamentales, hospitales y organizaciones no gubernamentales internacionales y locales, así como varios documentos judiciales y de la Fiscalía General de la Nación sobre investigaciones en materia de corrupción. EFE
