Foto: Archivo
Continúa el caso que lleva adelante la Fiscalía General de la Nación para llevar a prisión a los ocho capturados por su presunta participación en el atentado con un carro bomba en la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander en Bogotá, mismo acto terrorista que condenó al Ejército de Liberación Nacional (ELN), después de que esta guerrilla lo aceptara.
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Los ocho sindicados cómplices fueron presentados ante un juez para que pudiera imponerles la medida de aseguramiento intramural, misma petición que extendió la representante de las 22 víctimas que dejó este atentado que se perpetró el pasado 17 de enero de 2019.
Sin embargo, desde la Procuraduría General elevaron otra solicitud al togado, pues consideran que no hay las suficientes pruebas para imponer la prisión preventiva a uno de los capturados.
Ahora bien, se trata del detenido Carlos Arturo Marín quien fue acusado por la Fiscalía General por presuntamente haber patrullado y escoltado el vehículo donde se transportaba el autor material de dicho acto terrorista, alias ‘Kiko Mocho’ que posteriormente ingresó hasta la Escuela de Cadetes y se inmoló.
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Desde el Ministerio Público señalaron que la imputación de cargos, basada en la interceptación de llamadas telefónicas que habrían realizado una de las sindicadas y Carlos Marín no representarían una prueba fehaciente de la supuesta participación del detenido, presuntamente miembro del ELN, en el atentado con un carro bomba.
Por dicho motivo, desde el organismo de control solicitan que mientras avanzan las investigaciones dentro del proceso penal en contra de los ocho detenidos, que Marín no sea sometido a la medida de prisión preventiva; decisión que deberá darse a conocer en las próximas horas por parte del juez que lleva el caso.
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Del mismo modo, desde el ente acusatorio señalaron que existen dos nuevas órdenes de captura en contra de otros presuntos responsables de participar en este acto terrorista, mismo que terminó rompiendo los procesos de paz entre la guerrilla y el Gobierno Nacional.