Foto: Anadolu
Este lunes el partido FARC, en Colombia, le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que otorgue medidas cautelares colectivas para todos sus excombatientes, al argumentar que actualmente quienes apoyaron y firmaron el Acuerdo de Paz en 2016 enfrentan graves riesgos hacia su vida.
En medio de la pandemia y de serias amenazas a miembros del partido, su presidente, Rodrigo Londoño, conversó con la Agencia Anadolu sobre la importancia de que la comunidad internacional acompañe la puesta en marcha del Acuerdo de Paz. Londoño, quien en tiempos de guerra era conocido como Timochenko, también señaló que el Gobierno de Iván Duque pone en marcha estrategias guerreristas contra Cuba y Venezuela, que podrían aumentar la violencia en Colombia, justo cuando el país enfrenta la emergencia sanitaria por la enfermedad COVID-19.
La ONU, en medio de esta pandemia global, ha hecho un llamado a los grupos armados del mundo para que hagan un cese al fuego, para permitir que las comunidades reciban asistencia sanitaria. Usted que pasó de las balas a las palabras, ¿qué les dice hoy a esos grupos sobre esta petición del cese al fuego?
Que se recoja ese llamamiento, pero es necesario que el Estado genere las condiciones. Por ejemplo, todo lo que se ha relacionado con el proceso con el ELN ha sido muy mal manejado, más bien se ha supeditado a intereses foráneos y se ha utilizado para intentar hacerle daño a Cuba, que tanto nos ayudó en la construcción de esta paz.
El Estado debe generar las condiciones para un cese, pero ahora el Gobierno está haciendo lo contrario. Autorizó la llegada del Ejército norteamericano a las zonas de conflicto con el cuento del narcotráfico. Una verdadera mentira. Una disculpa que no se la creen ni ellos. Sabemos que esas tropas de Estados Unidos vienen a Colombia en función de atacar a Venezuela y de generar una provocación con Venezuela, porque Estados Unidos quiere el petróleo.
¿Cómo ha impactado el coronavirus la implementación del Acuerdo de Paz?
El COVID-19 ha impactado no solo el Acuerdo, sino al mundo entero, especialmente a las sociedades como las nuestras, en donde se han destapado las inmensas desigualdades y los inmensos desajustes estructurales que existen.
¿Y en temas más específicos como el asesinato de excombatientes?
Ese es un tema que está al orden del día. Explicarle a la gente lo que está sucediendo con los asesinatos es sumamente difícil y complejo. Ya completamos 198 exguerrilleros y exguerrilleras asesinados y tenemos también este año 114 líderes sociales asesinados, personas que eran defensoras de la tierra y del medioambiente, etc. Eso genera un panorama sumamente difícil de entender y crea una situación sumamente compleja para la implementación de los acuerdos porque el asesinato genera miedo, genera desesperanza.
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¿Ante esto qué acciones le piden al Gobierno? ¿Qué creen que puede hacer?
Mostrar voluntad política. Aquí ha faltado voluntad política. Esta situación la previmos. Esto tuvo una larga discusión en la mesa de negociación en La Habana, donde el delegado nuestro era Pablo Catatumbo y el delegado por parte del Estado era el general Óscar Naranjo. Fueron largas sesiones entre los dos, que después llevaron propuestas para impedir que una situación de estas se fuera a dar. Lo preveíamos porque es mucha la gente que se resiste a la paz porque la guerra les da beneficios económicos, les da poder político.
Además, buscamos que la Comisión de Investigación de la Fiscalía, que también estaba determinada en los acuerdos de La Habana para que investigara todo lo que tuviera que ver con los asesinatos, también funcione y se le den los recursos necesarios para que trabaje y nos diga no solo quién mató a quién, sino quién está detrás de los asesinatos, quiénes son los autores intelectuales.
Los asesinatos y dilaciones en la puesta en marcha del Acuerdo de Paz pueden desmotivar a muchos excombatientes. ¿Está el partido unido internamente o hay facciones cercanas a las disidencias?
Ese argumento lo utilizan los que nos están asesinado y los que quieren que el proceso fracase para generar miedo, desconfianza, polarización y desesperanza. Los extremos, de derecha y de izquierda, coinciden en la idea de tratar de mostrar que el proceso de paz es fallido, pero no lo es. Lo que pasa es que toca pelearlo, toca trabajarlo y en eso necesitamos acompañarnos. Los que estamos metidos en el proceso entendemos eso y sabemos que es muy duro, pero venimos de una confrontación que también fue muy dura.
Es decir, quienes retomaron las armas argumentando que es la mejor forma de protegerse están equivocados.
Lo cierto es que en medio de la confrontación asesinaban líderes sociales. En medio de la confrontación, estando nosotros en armas, mataron a 5.000 miembros del partido Unión Patriótica y nosotros prácticamente no pudimos hacer nada a pesar de que estábamos armados… eso lo dejaremos para que la historia lo diga mucho mejor, pero en lo personal digo que esa es una carga que llevamos: no fuimos capaces de responder desde el punto de vista militar y teníamos las armas en la mano. Entonces no, este es un problema estructural de la sociedad colombiana y necesitamos atacar las causas que generan la violencia.
Hablemos de la justicia transicional. En las últimas semanas algunas víctimas se han quejado porque sienten que la FARC no toma responsabilidad ante la JEP específicamente en el caso de secuestros y de las acusaciones de violencia sexual. ¿Qué responde usted ante estas quejas?
Nosotros hemos respondido ante todos los requerimientos y siempre hemos brindado el apoyo a la JEP. Una de las cosas más hermosas que logró este acuerdo fue el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición y siempre lo hemos apoyado. Incluso nos hemos abstenido de hacerle críticas para no darle elementos a quienes quieren acabar con ese sistema. De nuestra parte han tenido toda la colaboración. Pero también se manipulan informaciones. Hay siete casos ante la JEP y de ellos cinco tienen que ver con nosotros y hemos respondido. Anadolu
