Foto: Archivo Referencial
Bajo los ojos de la Procuraduría General de la Nación se encuentran los miembros de la Mesa Directiva del Senado de la República por el caso de la excongresista Aída Merlano, quien se encuentra prófuga de la justicia y presuntamente presa de su libertad en un establecimiento penitenciario del vecino país de Venezuela.
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La exsenadora por el Partido Conservador, condenada a 11 años y cuatro meses de prisión, no pudo continuar ocupando su curul en el Congreso de la República, por lo que según determinó hace pocas horas la Corte Suprema de Justicia, la Mesa Directiva de la asamblea a la que perteneció Merlano, debió haber impartido la figura de la silla vacía.
No obstante, en su momento se determinó que el puesto de la excongresista debería ser reemplazado por la senadora Soledad Tamayo, según lo decidió el entonces presidente del Senado, Ernesto Macías del Centro Democrático, mismo acto que fue tildado como abuso de poder, de parte de algunos parlamentarios de la oposición.
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“La posible omisión de hacer efectiva esta figura cuando fue capturada la electa senadora”, fue el mensaje que dieron a conocer los magistrados de la Sala Penal del alto tribunal para decidir la compulsa de copias al Ministerio Público para que se pueda realizar la investigación disciplinaria a lugar.
Algunos de los parlamentarios que están bajo la lupa de la Procuraduría son: Ernesto Macías, como presidente en el período 2018-2019; Eduardo Pulgar por el Partido de la U como primer vicepresidente; y Angélica Lozano del Partido Alianza Verde como segunda vicepresidenta.
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