Foto: Archivo Referencial
Costa Rica vive este martes una jornada histórica en la lucha por los derechos humanos al convertirse en el primer país centroamericano que legaliza el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, lo que de inmediato está siendo aprovechado por las parejas que ya están dando el “sí acepto”.
El activista y abogado Marco Castillo, y su pareja Rodrigo Campos, fueron los primeros en casarse en un Juzgado de Familia, como un acto de reivindicación con el cual se reafirma que estas dependencias están obligadas a efectuar los matrimonios entre personas del mismo sexo.
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En el pequeño juzgado de la localidad de Desamparados, en el sector sur de San José, Castillo y Campos dieron el sí, se colocaron las sortijas y se besaron simbólicamente con sus mascarillas puestas para cumplir con las medidas preventivas por la pandemia del COVID-19.
“Él es un hombre que ha dado la cara por la lucha de la diversidad sexual y de muchas personas, con un corazón desinteresado. Es una persona maravillosa con quien Dios me ha permitido compartir la vida y comprometernos en una lucha que compartimos al ciento por ciento, que es nuestro proyecto de vida como compañeros, como familia, como compinches, como colegas”, declaró Campos.
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Por su parte, Castillo aseguró que el matrimonio civil igualitario “es un peldaño hacia la equidad” y que en Costa Rica sea posible le alegra y le produce “mucha satisfacción”. “Socialmente ya somos reconocidos como familia”, festejó.
El matrimonio gay entró en vigencia hoy en Costa Rica al vencerse un plazo de 18 meses que la Sala Constitucional otorgó al Congreso para emitir una legislación al respecto, o de lo contrario quedarían derogados los artículos del Código de Familia y de otras leyes que estipulan que los enlaces son legales únicamente entre hombre y mujer.
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La Sala Constitucional tomó esa decisión en una resolución que acata una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitada por Costa Rica y publicada en enero de 2018, en la cual establece que los Estados deben garantizar los derechos humanos de las personas LGBTI, entre estos la identidad de género y el matrimonio igualitario. EFE
