Foto: Archivo Referencial
Desde la Veeduría del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se cuestionan sobre la situación carcelaria del exalcalde de la capital del país, Samuel Moreno Rojas, quien fue condenado por el caso del “carrusel de la contratación” y por lo que debería estar sometido a medida de aseguramiento en un centro carcelario, pero esta condición no se tomó desde hace ocho años que se impartió la pena.
En su momento, el exmandatario de Bogotá fue condenado a cumplir 30 años de prisión al comprobarse que había estado involucrado en la polémica por corrupción en diferentes contratos para algunas construcciones de la capital del país, incluido entre estos el que debía entregar la remodelación y ampliación de la Avenida Calle 26, corredor de conecta el occidente con el oriente de Bogotá.
“Este funcionario no fue un militar, no perteneció a la Fuerza Pública. Si nos vienen con el cuento de que es una persona de alto riesgo en la Picota hay pabellones sitios especiales para que los internos puedan pagar su condena”, fue lo que señaló el veedor del Inpec, Gustavo Vargas, con respecto a este alegato.
Por otra parte, Vargas se pregunta sobre otro aspecto dentro de esta controversia, y es que el hermano del exalcalde, el también exmandatario de Bucaramanga, Iván Moreno, sí se encuentra pagando su condena por el mismo “carrusel de la contratación” en la mencionada cárcel de Bogotá, entonces la incógnita está en porqué no se cumple la medida para ambos exfuncionarios del Estado.
Dicha denuncia se realizó el mismo día en el que se dio a conocer que estos hermanos habrían solicitado desde el pasado noviembre de 2019 que fueran acogidos por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), alegando que eran terceros civiles en el conflicto armado debido a que su abuelo, el expresidente de Colombia, el general Gustavo Rojas Pinilla, fue el primer y único dictador que ha tenido nuestro país.
Por parte del Inpec se aseguró que no se ha trasladado a Samuel Moreno a una prisión debido a que este instituto no ha recibido orden judicial para que sea remitido hasta una prisión del país, situación que fue referenciada por el mismo veedor cuando aseguró que desde esta entidad tienen toda la potestad para cambiar de sitio de reclusión a cualquier preso.
