Foto: Archivo Referencial
En diciembre de 2018, la Superintendencia de Transporte formuló pliego de cargos contra la Cooperativa de Transportes Especiales del Oriente, dicha empresa habría infringido las normas de transporte terrestres, recordando que un bus registrado en esta sociedad fue protagonista en un trágico accidente ocurrido el 14 de agosto de 2018 en Ecuador, mismo que cobró la vida de 24 personas.
Tras analizar las pesquisas correspondientes sobre la responsabilidad que pudo haber cometido la empresa de transportes en este siniestro, la entidad encontró méritos para sancionar con una multa de $267.231.636, entendiendo que no se tuvo control sobre el bus identificado con placas USA-251, lo cual derivó en que con ese vehículo se infringiera la legislación nacional.
Uno de los testimonios que permitió que esta decisión se pudiera dar fue el que dio el Representante Legal de la cooperativa, “la empresa no había tenido control alguno del rodante de placas USA-251 desde el mes de diciembre del 2017”, por lo que toma mucha relevancia el nivel de responsabilidad que debe existir para el transporte terrestre de pasajeros, pues como en este caso, no se debe permitir que el conductor de los vehículos no tengan su papeleo legal en orden o en dicho caso, que no lo tenga, pues precisamente eventos como este, podrían evitarse si existiera mayor atención y control.
Cabe aclarar, que la Supertransporte corroboró que la empresa no vigiló que el conductor involucrado en el siniestro contara con la licencia de conducción requerida, no se ejecutaron los controles mecánicos ni técnicos del vehículo desde diciembre de 2017, no impartió capacitaciones a la totalidad de los conductores con los que presta el servicio público de transporte terrestre, entre otras infracciones que permitieron establecer la sanción.
Por otra parte, contra esta decisión procede un recurso de reposición y un subsidio de apelación, bajo un proceso en el que se permita garantizar los principios del debido proceso y el derecho de defensa, además de asegurar que el procedimiento sancionatorio iniciado se haya realizado de conformidad con lo establecido en la ley.
